El gesto de grandeza de las autoridades ancestrales

Las autoridades indígenas siguieron de cerca la discusión sobre reformas a la Constitución. (Foto: Jesús Alfonso/Soy502)

Las autoridades indígenas siguieron de cerca la discusión sobre reformas a la Constitución. (Foto: Jesús Alfonso/Soy502)

La muerte prematura y atroz de más de 30 niñas en el Hogar Virgen de la Asunción opacó la decisión política más importante de los últimos meses.

Tras varias semanas de estancamiento, plagadas de falacias y campañas negras, al fin un sector dio el paso que puede significar la salvación de la reforma constitucional de la justicia.

Desde luego, no le debemos este avance a los operadores de “la vieja política” ni a sus dueños.

Quienes accedieron a ceder su postura, “para no ser obstáculo a las reformas”, fueron las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, que de esta manera le han dado una lección a los guatemaltecos, al sacrificar temporalmente su propio interés para hacer viable un consenso urgente.

No se equivoca el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, al calificar esta decisión como un “gesto de grandeza”.

Al solicitar que se retire de la discusión parlamentaria el artículo 203 sobre la jurisdicción indígena, que generó una oposición visceral, se hace posible proseguir con una reforma puntual de la administración de justicia ordinaria, cuyo colapso ha sido indetenible desde las elecciones viciadas de las Cortes en 2014. 

Siempre creí que incluir el tema del pluralismo jurídico en esta reforma era un error capaz de hacer zozobrar el proceso completo, tal y como sucedió en 1999.

Esta decisión evidencia que a pesar de todo, las autoridades indígenas sí están interesadas en llegar a acuerdos con esa Guatemala que se resiste a los cambios. 

Al desistir, han ostentado una estatura política que obliga al resto de la sociedad a tender puentes y eliminar la exclusión.

Resulta descabellado pensar que esta sociedad puede seguir respondiendo “no, no y otra vez no” a las demandas de los pueblos indígenas, que claman su derecho a acceder a cosas tan elementales como los caminos y los servicios básicos, pero también a la salud y la educación, así como al poder, a la institucionalidad, a los centros de decisiones y al mercado. 

El debate se ha postergado, pero no por otros 18 años. Eso, hay que tenerlo claro. El plazo es de semanas, no de años.

El futuro no espera y no se puede pedir paciencia eterna. Sobre todo porque con esta decisión, las autoridades ancestrales han demostrado que si alguien tiene talla y madurez para liderar, son ellos. 

*Las opiniones publicadas en las columnas son responsabilidad de su autor, no de Soy502

12 de marzo de 2017, 12:03

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