Nueve minutos en el infierno

El portón del Hogar "Seguro" Virgen de la Asunción, el día de la tragedia. El escudo decía que el lugar estaba protegido. ¿Por quién? (Foto: Jesús Alfonso/Soy502)

El portón del Hogar "Seguro" Virgen de la Asunción, el día de la tragedia. El escudo decía que el lugar estaba protegido. ¿Por quién? (Foto: Jesús Alfonso/Soy502)

Le propongo desarrollar un ejercicio: busque el cronómetro más cercano. Con toda seguridad su teléfono celular tiene uno. Colóquelo en 00.00 y espere hasta que marque 09.00. Los minutos, contados así, por lo general se sienten más largos.

Imagine, además, que usted está dentro de una habitación abarrotada, diseñada para acoger 11 personas, y que le acompañan más de 50. La habitación no tiene ventanas. Tampoco baño. El encierro ya supera las 10 horas cuando se desata un incendio. Nadie hace nada. No se abre la puerta. Pasa el tiempo. Y, en los últimos 9 minutos antes de que llegue algún tipo de ayuda, quienes están a asu lado en esa “cárcel” empiezan a morir frente a sus ojos. Cada segundo ha sido una eternidad. ¿O lo duda?

Ese fue el infierno que le tocó vivir a 56 niñas de Guatemala el 8 de marzo de 2017. Estos son los datos que empiezan a salir a luz, un mes después de la tragedia, en la audiencia de primera declaración de tres imputados por lo ocurrido en el Hogar “seguro” Virgen de la Asunción.

Conocer qué ocurrió. Cuándo y por qué. O quién ordenó qué y cómo. Eso es indispensable, no solo para deducir responsabilidades, sino para evitar que una desgracia de estas proporciones se repita en el futuro. 

Es importante recordar que esta era una desgracia anunciada. La situación de desamparo, mal trato y precariedad en que sobrevivían los más de 600 niños y jóvenes mal alojados en el lugar fue denunciada tanto por la prensa como por organizaciones y particulares. Era el caldo de cultivo perfecto para que lo que estuviera por venir fuese mucho más trágico que escapatorias por decenas como las que ocurrían desde 2014.

Al escuchar la imputación del Ministerio Público parece confirmarse lo que la mayoría de expertos han dicho desde que se desató el fuego en una habitación de 6.8 por 7 metros aquel infausto martes: el Estado de Guatemala no tiene la capacidad para proteger a los niños más vulnerables del país. La cadena de horrores que empezó a desatarse la noche previa es devastadora.

Nadie parecía comprender que quienes estaban en el centro eran huérfanos o víctimas de vejámenes y abandono. Que no debían, ni merecían, ser encerrados (menos bajo llave) ni tratados como delincuentes. Nadie parecía entender, tampoco, que aislar a las jovencitas violaba todas las normas y regulaciones de trato a los menores en desamparo. O que no es competencia de la Policía Nacional Civil solucionar este tipo de crisis, sino de las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social. Una sobreviviente le dijo al MP que un policía les apuntó con un arma en la cabeza. Incomprensible. Inaudito. Criminal. 

Tampoco se acataron las órdenes judiciales que exigían el cierre del centro. Y este centro, por insólito que parezca, aún sigue abierto un mes después de que se convirtiera en un infierno. Esto, a pesar de una orden presidencial de clausurarlo. La tragedia “fue consecuencia de varias negligencias y falta de autoridad”, señaló el Ministerio Público en su imputación a los primeros tres sindicados. Y escribo “a los primeros”, porque podría haber más. En esta fase, las preguntas apenas empiezan a responderse. “¿Quién tenía la llave?”, es quizá, una de las más apremiantes respuestas que se conocerán. Pero todas las dudas deben resolverse. Para que la memoria de Nanci Paola, Lilian Andrea o Mirsa Rosmery sea honrada como se merece. Para que ninguna otra niña de Guatemala sufra como Rosa Julia, Celia María o Iris Yodenis.  Para que a la pregunta de  “¿quién mató a Silvia Mixeli, Kimberly Mishel o Yosselin Yamileth?”, la respuesta no sea “Fuenteovejuna, todo el pueblo, a una”. 

07 de abril de 2017, 05:04

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